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La imposición de emisiones a las empresas chilenas“Lo que me interesa es que se cumpla la norma independiente del combustible que se use. No me interesa el combustible per se; lo que me interesa es que se cumpla con los niveles de emisión establecidos en la norma. No quiero imponer tecnología ni combustible. Yo impongo emisiones”. Las palabras de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, resonaron con fuerza en el sector, porque más allá de una simple declaración de prioridades, suponen un giro relevante en los criterios que la misma cartera había transmitido con anterioridad a sus regulados. Porque la anterior ministra se había esforzado en recalcar que las empresas debían aprovechar la llegada a Chile del Gas Natural Licuado (GNL) para retornar al tipo de combustibles con que se habrían autorizado sus operaciones desde el punto de vista ambiental. En otras palabras, la interrupción del suministro de gas desde Argentina dejaba de ser una justificación para producir en base a carbón o diésel. Las empresas, muchas de ellas incluidas en un listado que para estos efectos distribuyó la autoridad ambiental, alegaron que las autorizaciones decían relación con un nivel máximo de emisiones y que, en la medida en que éstas no fueran sobrepasadas, sus respectivas reconversiones a diésel o carbón resultaban tan legítimas como la adopción del GNL. Esa discusión es la que zanjó la semana pasada la nueva ministra, de forma clara y categórica. No supone carta blanca para las industrias, sino el más férreo respeto de la normativa vigente, pero centrando la fiscalización en el elemento clave que debe preocupar a la autoridad: el nivel de emisiones de cada empresa. Como la misma ministra explicó, “hay empresas que ya hicieron los esfuerzos por reducir emisiones con el combustible sustituto, incorporando tecnologías de control”, dando cuenta así de la preocupación que la mayor parte de las industrias han demostrado en materia ambiental. La producción limpia es hoy una exigencia y eso lo saben y reconocen sus ejecutivos, accionistas y trabajadores. Han invertido en la materia y lo que esperan ahora es mayor equidad al momento de distribuir los costos de la descontaminación. Porque estiman que, a la fecha, han llevado el mayor peso de la carga, al menos frente a la ciudadanía en general. Y es en este último ámbito donde queda camino por recorrer, por ejemplo en materia de certificación y control en el uso de la leña –principal causa de contaminación en ciudades del sur del país- o en tarificación vial, como ocurre en ciudades desarrolladas con alto tránsito vehicular. |
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