Un sistema multilateral abierto es fundamental para el desarrollo sostenible

Por: Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL

Luego de dos años de contracción económica, América Latina y el Caribe retomará en 2017 tasas de crecimiento positivas pero aún bajas. Nuestras proyecciones hablan de un crecimiento de 1,1% para la región este año, aunque con marcadas diferencias subregionales: América Central y México crecerán en torno al 2,3% mientras que América del Sur lo hará en torno a 0,6%.
La recuperación se da en un contexto externo de crecientes incertidumbres que llaman a la cautela, aunque en general el manejo macroeconómico ha sido prudente. Si tomamos los promedios de la región, vemos que la inflación se sitúa en torno al 8%, el déficit fiscal se mantiene entre 2015 y 2016, el crecimiento de la deuda pública ha sido moderado y el déficit en la cuenta corriente ha disminuido. Sin embargo, se han producido caídas en la inversión, no se han logrado avances en productividad, las brechas estructurales persisten y hay un riesgo de deterioro social ante el crecimiento del desempleo y la reducción del gasto público.
Por su parte debemos anotar que la mejora en la cuenta corriente se dio en muchos casos por caída de la actividad interna y no por una mejora en la competitividad o diversificación de nuestras exportaciones. Nos llama a alerta el contexto de estancamiento en la reducción de la pobreza en el que nos encontramos que perfila el riesgo de sufrir posibles retrocesos. Entre 1990 y 2014 la región logró reducir en veinte puntos la tasa de pobreza, desde 48,4% a 28,2%. Sin embargo, la CEPAL estima que en 2015 esa tasa habría aumentado a 29,2%, lo que equivale a 175 millones de personas, de los cuales 75 millones, es decir, el 12,4% de la población, estaría en situación de extrema pobreza o indigencia.
En el curso de los últimos meses se han observado cambios en el escenario político internacional que hasta hace poco tiempo eran inconcebibles. A partir del Brexit en junio 2016, irrumpieron protagónicamente en escena fuerzas políticas que han puesto en jaque la idea de que la globalización era una tendencia irreversible a la que todos los países debían ajustarse. La adopción de políticas unilaterales o bilaterales, con el consiguiente debilitamiento del multilateralismo, lairrupción del proteccionismo y el neo-mercantilismo, y el ascenso de grupos políticos con un discurso xenófobo y de intolerancia, en oposición a los fundamentos de apertura y pluralidad sobre los que se construyeron las sociedades democráticas modernas, han generado justificada alarma en la comunidad internacional, en los gobiernos y en la ciudadanía.
Pero, admitámoslo, estas tendencias no son totalmente inesperadas. Entender porqué surgen con tanta fuerza requiere contrastar dos visiones sobre la construcción de un sistema multilateral de cooperación capaz de prevenir conflictos y reducir tensiones. Una de ellas sugiere que basta dejar a las fuerzas del mercado actuar para que espontáneamente los actores económicos y políticos generen y reciban los beneficios asociados al comercio y el crecimiento. Se sostiene que la plena apertura comercial y financiera, la flexibilización 6 del mercado laboral, la desregulación de los mercados y un ambiente de reglas claras protegiendo los derechos de propiedad (un conjunto de reglas al que referimos como “hiperglobalización”), bastarían para generar economías más prosperas y sociedades democráticas y pacíficas. En este relato no había lugar para los bienes públicos globales, a no ser aquellos necesarios para asegurar la libre circulación de los bienes y el capital.
Esta mirada daba por sentado que las opciones diferentes y originales de políticas nacionales se encontraban muy acotadas o resultaban llanamente inexistentes (There is no Alternative, TINA). Era el imperio de la noción que los gobiernos no deben ni pueden controlar las decisiones que son guiadas por los incentivos del mercado. Y si bien admitía que hay actores que ganan más y actores que ganan menos, suponía que de alguna forma los ganadores compensarían a los perdedores persuadiéndolos de resistirse a la hiperglobalización. Hay, sin embargo, un relato alternativo.
Este sugiere que un sistema multilateral abierto es fundamental para el desarrollo sostenible, pero que en una economía mundial con fuertes heterogeneidades (tecnológicas, productivas, institucionales) tiende a generar 7 desequilibrio, polarización y tensiones, tanto entre países como al interior de los mismos. Como la acumulación de poder económico y financiero está asociada a la acumulación de poder político, es muy difícil que los sectores perdedores en la globalización sean compensados por los ganadores.
La resistencia de los primeros eventualmente pone en jaque el comercio y la cooperación. Más aún, el sistema de precios es incapaz de captar las externalidades asociadas al medio ambiente, al punto que el cambio climático ha sido llamado “la mayor falla de mercado de todos los tiempos”. Por todos esos motivos, se necesita la cooperación internacional y mecanismos de gobernanza global para prevenir conflictos, reducir desigualdades y mantener el compromiso de los actores con un sistema internacional abierto. La economía política internacional desde los ‘90 se ha conducido en los marcos de la hiperglobalización.
Las polarizaciones que ha generado son responsables por la creciente fragmentación y conflictividad del sistema internacional. Asimismo, el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, ha hecho hincapié, desde su entrada en funciones, en el carácter cada vez más indisociable del desarrollo sostenible en su condición de pilar de la prevención, la paz y la seguridad. El desafío es entonces recuperar la agenda de cooperación 8 multilateral que quedó en el limbo entre la hiperglobalización y el emergente unilateralismo. Esta mirada toma cuerpo en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que representan el consenso emergente entre gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo con la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos. Son compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales.
La Agenda 2030 propone expandir el comercio y corregir sus desequilibrios evitando el ajuste recesivo en las economías deficitarias; llama a una mejor gobernanza de las finanzas internacionales, evitando crisis como la del 2008, así como burbujas especulativas en los mercados de monedas, inmobiliario y de commodities; invita a expandir las políticas sociales y avanzar hacia un estado de bienestar sin que se erosionen las bases tributarias, la competitividad y la inversión en los países que adoptan estándares más elevados de protección al mundo del trabajo y combate a la desigualdad; y demanda controlar y penalizar 9 las externalidades ambientales y el uso predatorio de los recursos naturales.
La respuesta ante el riesgo de quiebra del sistema multilateral no puede ser regresar al status quo anterior en el sistema internacional, que generó los problemas actuales, sino recuperar la cooperación multilateral y la integración regional como herramientas del desarrollo, tal como se propone en la Agenda 2030. América Latina y el Caribe debe ser capaz de revigorizar la integración regional, hoy fragmentada y debilitada, para usarla como instrumento de diversificación productiva y fortalecimiento de capacidades.
A nivel nacional, se requiere una nueva generación de políticas sociales, de educación y de desarrollo productivo que inserten a la región en la nueva revolución tecnológica, en donde convergen la innovación, el crecimiento con inclusión social y la protección al medio ambiente. Seamos claros, un sistema multilateral abierto no es el fruto espontáneo de la desregulación y la liberalización comercial y financiera en un contexto de alta heterogeneidad. Nunca lo fue. Construir este sistema y mantenerlo requiere un conjunto de reglas que tenga en su centro la reducción de asimetrías y el ataque a los problemas del desarrollo y del rezago tecnológico. La Agenda 2030 proporciona la hoja de ruta para construir ese sistema. Sus 17 Objetivos y 169 metas, 10 formulados a través de un inédito proceso participativo, son la manifestación de la ambición y seriedad de este Agenda, que en su cumplimiento se compromete a “no dejar a nadie atrás”.
La implementación de esta agenda requiere ahora conjugar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, social y ambiental, de manera integral. Dar cuenta de las profundas transformaciones que nos permitan alcanzar la meta que el mundo se ha fijado para los próximos 13 años, en nuestra región, significa abrazar un cambio estructural progresivo, imaginar e implementar las políticas que nos permitan transitar hacia actividades y procesos productivos, intensivos en aprendizaje e innovación, asociados a mercados en rápida expansión, que permitan aumentar la producción y el empleo con derechos, y favorecer la protección del medio ambiente desacoplando crecimiento económico y emisiones.
Lo queremos reiterar, cambiar nuestros patrones de producción y consumo, lograr estructuras productivas que hagan compatibles la igualdad y la protección ambiental, tiene una condición necesaria: un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas que las promuevan a nivel global, regional y nacional. 11 Tenemos que avanzar a la creación de bienes públicos globales y regionales. Superar los retos del presente que encaramos no será posible sin una acción global colectiva y coordinada, sobre la base de un renovado multilateralismo. Exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global: políticas fiscales expansivas coordinadas y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital.
Reducir las brechas tecnológicas y de ingresos, y difundir globalmente el conocimiento y la producción son inseparables del objetivo de construir un sistema mundial estable y comprometido con el pleno empleo, concibiendo el trabajo no solo como un medio de producción, sino como un fin en sí mismo. Promover el crecimiento y el empleo, sin agudizar al mismo tiempo los graves problemas ambientales, demanda la adopción de políticas fiscales expansivas, con inversiones concentradas en tecnologías, bienes y servicios asociados a senderos de producción y consumo bajos en carbono.
Estamos persuadidos de que la aplicación de la tecnología a la preservación del medio ambiente genera oportunidades de inversión 12 pública y privada, innovación y creación de empleos de calidad que pueden sostener una nueva fase de crecimiento global. Pero claro, para encauzar las inversiones en la dirección deseada y hacerlas viables, es necesario generar los incentivos correctos, esto es, redefinir el marco institucional y de gobernanza global, regional y nacional.
Esta ruta representa para América Latina y el Caribe un desafío a su madurez, ya que el fortalecimiento de la coordinación y la cooperación a nivel regional resulta el instrumento clave en este proceso. Es el paso que permitirá a la región promover las imprescindibles acciones conjuntas en temas vinculados a la estabilidad macroeconómica y las políticas fiscales, así como en las áreas de comercio exterior, inversión extranjera directa y cadenas productivas. Nuestra región es capaz de hacer aportes originales al compromiso global que entraña la Agenda 2030. Permítanme compartir un ejemplo reciente y concreto.
Hace solo unos pocos días, a principios de mes, de manera inédita y sin precedente conocido en el orbe, los mecanismos que congregan por un lado a los responsables estadísticos de una región y a la comunidad de expertos en información geoespacial de la misma región, se reunieron, sesionaron juntos para explorar, entre otros temas, cómo desde sus respectivas capacidades contribuían 13 juntos a la mejor construcción de indicadores para el monitoreo de los ODS asociados al territorio. Y si, eran los miembros de la Conferencia Estadística de las Américas reunidos en la CEPAL con sus pares del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas. Ambas instancias, por cierto, dirigidas por mexicanos excepcionales, directivos de ese orgullo institucional de nuestra región que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Mario Palma y Rolando Ocampo.

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