El director del SEA explica cómo las empresas han cambiado su foco hacia la participación ciudadana.
Como lo dice su nombre, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se preocupa principalmente de la dimensión medioambiental de los proyectos de inversión, desde el punto de vista del Gobierno. Pero en la práctica, su competencia va más allá. Esto, porque en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el factor comunidades y de participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales.
Hace un año, Jorge Troncoso, asumió como director del SEA. Su principal desafío fue llevar a la práctica la implementación del nuevo reglamento del SEIA que entró en vigencia a fines del 2013. En ese entonces, declaró que mientras esté a la cabeza de esta entidad, su objetivo es “perfeccionar la evaluación de proyectos, otorgando seguridad jurídica y técnica tanto a titulares de proyectos como a comunidades y gobiernos locales”.
Troncoso ha trabajado más de 20 años en la temática de gestión ambiental. Entre 1994 y 2000, fue director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) en la Región de Atacama, zona que ha sido bastante protagonista en términos de proyectos de inversión. Más tarde, entre 2002 y 2006, fue jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama y antes del cargo actual, estaba como gerente de proyectos en la División Environment & Infraestructure de la empresa AMEC Internacional.
¿Casos como Pascua Lama o Hidroaysén, donde claramente la influencia de las comunidades fueron protagonistas, han hecho que las empresas estén más preocupadas de abordar el factor ciudadano?
Desde comienzos de los noventa, se ha realizado un aprendizaje en términos del desarrollo de los procesos e impacto ambiental. Pero en particular, de la importancia que tienen las comunidades que están en el territorio donde se pretende desarrollar una iniciativa. Hemos aprendido los servicios públicos, la institucionalidad ambiental, el mundo empresarial y por cierto, en este proceso, lo han hecho también las distintas comunidades. Hoy asistimos a una situación donde hay un fuerte empoderamiento de las comunidades en involucrarse en las decisiones de la zonas donde viven, lo que es absolutamente beneficioso para el desarrollo del país, para los proyectos, los territorios y para la sustentabilidad ambiental de los mismos.
Pero el aprendizaje ha sido bastante fuerte en los últimos años
Efectivamente, hemos tenido algunos proyectos emblemáticos que han impactado. Pero hoy, claramente cualquier proyecto de inversión que no considera la variable ciudadana o comunitaria comete un error. El mundo empresarial también lo está asimilando e incorporando en sus políticas de gestión, como una variable relevante dentro de un proyecto. Hace 30 años, el tema de seguridad laboral no era relevante, hoy es fundamental. Hace 20 años, los aspectos medioambientales tampoco lo eran y hoy son claves. Hoy el tema ciudadano y manejo de comunidades está comenzando a tomar la misma importancia que actualmente tienen la seguridad y el medioambiente.
¿De qué forma las empresas pueden prever los conflictos, con este aprendizaje?
Este es un tema que estamos comenzando a entender y por lo tanto, está abierto. Si bien al nivel del SEIA existe y está regulado, aún hay mucho que avanzar en esta materia, en cuanto a los titulares de los proyectos. Hay que avanzar hacia el convencimiento de incorporar la dimensión ciudadana en los proyectos de inversión. Pero la pregunta es: ¿en qué fase del proyecto me acerco a las comunidades? Si se hace cuando el proyecto ya está en una fase de factibilidad o ingeniería básica, donde ya se hizo una inversión y el proyecto está casi armado, no es lo mismo que en la fase inicial. Creo entonces, que dicho acercamiento debe ser al principio. De esta forma, la percepción que tienen las comunidades con respecto a una iniciativa, irá orientando en cuanto a las decisiones que se deben tomar. Por ejemplo en el diseño, emplazamiento y características que tendrá el proyecto.
¿Pero hay que evangelizar más aún al respecto?
Claro, porque incorporar la variable ciudadana en los proyectos de inversión es algo que ya se está consolidando, pero el tema del cuándo, aún no está resuelto. Según nuestra experiencia, debe ser en etapas tempranas y así se consigue la denominada licencia social. Pero como aún no está resuelta la relación de las empresas y sus comunidades en los proyectos, el conflicto se traslada al proceso de evaluación ambiental y lo contamina. Es en ese momento entonces, donde se produce la judicialización, que hemos visto en varios casos en el último tiempo.
¿Qué herramientas o guías tiene el sector privado para informarse sobre estor proceso?
El SEIA es un instrumento absolutamente normado. Allí están todas las etapas por las cuales transita la evaluación ambiental de un proyecto de inversión. Está clarísimo.
¿Pero ha habido un cambio, luego de la modificación al SEIA el 2013?
Absolutamente. La modificación reglamentaria, ha creado mayores espacios de participación ciudadana. En el antiguo reglamento no existía este ítem en declaraciones de impacto ambiental. Hoy se han abierto un conjunto de procesos de participación que generan beneficios sociales. Y por otro lado, actualmente los procesos de participación, también han perfeccionado su tratamiento o procedimientos con anterioridad. En la regulación anterior, no teníamos la posibilidad de incorporar las observaciones que la comunidad realizaba en el informe consolidado. Hoy se incorpora como un anexo de este documento y el titular se hace cargo de dichas observaciones.
Un segundo elemento novedoso, es que en la adenda (documento complementario), vienen las respuestas a las demandas ciudadanas, las que son analizadas por las distintas instituciones públicas que tienen competencia sobre las materias que la comunidad observó. Antes no existía ese mecanismo.
¿Y si las comunidades no están de acuerdo con las respuestas?
Esta el mecanismo del recurso administrativo que puede presentar la comunidad si considera que las observaciones no fueron consideradas adecuadamente por la Comisión de Evaluación, o en el caso de los proyectos regionales, por la Comisión Ejecutiva. E incluso, tiene la potestad de presentar recursos de reclamación ante el Comité de Ministros, en el caso de los Estudios de impacto Ambiental; o a la dirección ejecutiva del SEA, en el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
La incorporación de la participación ciudadana, preocupa a algunos sectores por la posible demora en la aprobación de los proyectos.
Yo opino todo lo contrario (ríe). En la medida que, en etapas tempranas, el titular de un proyecto inicia un proceso de acercamiento y relacionamiento con las comunidades, ese proyecto tiene mayor solidez en términos de su aceptación. Por lo tanto, tendrá un trámite expedito en dicho ítem.
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