(icono) No Borrar
COLUMNAS |
Imprimir
![]() El piso mínimo en el relacionamiento comunitarioPor Ximena Abogabir S. Últimamente ha aparecido una nueva “industria”: la construcción de acuerdos entre las comunidades y las empresas promotoras de proyectos de inversión de grandes dimensiones. Su propósito es identificar la estrategia para gestionar la “licencia social” de las comunidades, visibilizando las oportunidades que la iniciativa representa para ellas, mayoritariamente bajo la forma de empleos y diversos programas de Responsabilidad Social.
Si quienes conducen la gestión comunitaria hacen bien su tarea, habrán previamente investigado las carencias de los vecinos, de modo de presentar una oferta “irresistible” dirigida a concretar las aspiraciones más sentidas de las personas. Incentivadas las comunidades a dar forma a esta posibilidad, sólo los dirigentes más experimentados se esforzarán por analizar los impactos socioculturales, económicos y ambientales, sospechando que el balance podría resultar negativo, más allá del discurso inicial del “cero daño”. Esto deriva en la división de los miembros de la comunidad entre los interesados en la pronta materialización del proyecto, como medio para acceder a la oferta de beneficios; y aquellos preocupados por los impactos de largo plazo. Ello plantea el debate sobre la ética de las personas encargadas de diseñar los programas de involucramiento entre las compañías y las comunidades eventualmente afectadas. El proceso puede traer aparejada una gigantesca manipulación de la atención ciudadana que impida a los vecinos dimensionar la amenaza que se aproxima sin ser anunciada, analizada ni menos gestionada en conjunto. En nuestra opinión, la interfaz entre grandes operaciones productivas y comunidades vulnerables ofrece una valiosa oportunidad para identificar todas las tensiones en juego en un determinado territorio, y co-diseñar procesos transparentes cuyos resultados sean percibidos como inclusivos y legítimos, generando sistemas de gobernanza que permitan no sólo abordar los dilemas del presente, sino también los que inevitablemente aparecerán a medida que se intervienen los ecosistemas. Para ello, también es preciso asumir que en Chile existe una normativa ambiental en etapa de maduración, por lo que todavía quedan cabos sueltos que tensionan la toma de decisiones entre el Poder Ejecutivo y Judicial. En Casa de la Paz hemos definido que el “piso” de nuestras intervenciones territoriales apunta al cumplimiento de los derechos humanos. Sólo gestionando la actual situación de vulneración es que se pueden instalar estos procesos en forma legítima. Ello implica un tremendo desafío dado que los derechos humanos de tercera generación tienen un estándar más difícil de establecer y que dependerá de sus particularidades culturales, territoriales, entre otras. El análisis se focaliza en el potencial de desarrollo local, lo que puede implicar que la comunidad esté mejor sin el proyecto; se requiere co-construir un proceso que respete plenamente los llamados derechos de acceso –información, participación y reclamo-; se precisa además una línea de base sobre cumplimiento de los derechos potencialmente vulnerados, e identificar conjuntamente formas de abordarlos. Pese a sus exigencias, esta perspectiva resulta indispensable también desde el punto de vista práctico: hoy las comunidades están informadas de sus derechos y saben cómo exigir su cumplimiento.No habrá programa de RSE posible que logre superar la actual desconfianza, si no asume las causas estructurales que obstaculizan la compatibilización de actividades de alto impacto y el desarrollo local. Todo acuerdo que siga violando los derechos de las personas, aunque signifique un pequeño avance hacia ellos, está condenado a fracasar. Como las semillas bajo el asfalto: una simple gota de agua puede generar la grieta que le permite nuevamente germinar. |