Por Jorge Navarrete. Abogado y Director de PROhumana.
Es incomprensible que cuando se reclama por más transparencia y verdad, aún no sepamos sobre el destino de algunas de las propuestas que se refieren al acceso de información.
CON BOMBOS y platillos la Presidenta de la República conformó el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Intereses, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, el que de manera expedita y rigurosa preparó un informe con un conjunto de propuestas que Bachelet comprometió hacer suyas e impulsar desde el Gobierno, incluso anunciando que encabezaría personalmente dicho proceso. Con el paso de los días ese ímpetu parece decaer, más todavía cuando muchas de las propuestas se incorporaron sólo parcialmente y de otras ni siquiera hemos tenidos noticias, como son las que se refieren a los municipios y el gobierno local.
Es cierto que la agenda política da poco espacio para que se hable de otra cosa que no sean los casos de corrupción que actualmente se investigan, pero por lo mismo se esperaba un mayor esmero en la implementación de estas iniciativas, de la misma forma que todas hubieran sido presentadas como parte de un relato y una épica a la altura de los desafíos que enfrentamos. Por el contrario, y quizás como consecuencia del natural rodaje en el que están los flamantes ministros del área política, todo lo que atañe a esta cuestión fluye con una fuerza y velocidad que menosprecia la crisis de legitimidad por la cual atraviesan nuestras principales instituciones.
Más incomprensible es que en un momento donde se reclama por más transparencia y verdad, aún no sepamos sobre el destino de algunas de las propuestas que se refieren al acceso de información. Así, por ejemplo, hace un buen tiempo se advierte de la necesidad de equiparar los estándares de transparencia del Poder Legislativo, Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos, con aquellos que actualmente le exigimos al Gobierno, permitiendo que todos los ciudadanos contemos con un procedimiento único y común para acceder a la información que se produce y recopila en el Estado. En esa misma línea se propuso, a través de una ley, establecer un portal de transparencia de todo el aparato público, concentrando la información en un solo lugar y de esa manera contribuir a su recopilación y comparación.
Fuera del ámbito estatal, a la fecha tampoco se ha exigido a los partidos políticos cumplir con obligaciones de transparencia activa y garantizar a sus militantes el acceso a la información sobre su gestión, pese a que se les reconoce como personas jurídicas de derecho público que reciben aportes permanentes del Estado.
Pero también resulta gravitante que el gobierno señale cómo se harán compatibles estos esfuerzos con otros que también deben velar por la privacidad de las personas y la eventual divulgación de información sensible que vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos. Fue así que hace un tiempo el Ministerio de Economía preparó una importante iniciativa en materia de protección de datos, la que debe armonizar dos valores jurídicos de vital importancia en una sociedad de la información: transparencia y privacidad; pero que sigue entrampada en la burocracia interna del Ejecutivo.
VIA/LATERCERA