Por Jorge Nuñez Cobo, Investigador de Cazalac y Katherynne Ángel Gamboa, Ingeniera Civil Industrial, Universidad de La Serena.
Los conflictos ambientales, especialmente aquellos asociados a la gran minería, han ido en aumento en la región de América Latina. Ejemplos hay de sobra en Argentina, México y, por cierto, en Chile, tal como ha sido sistematizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina-OCMAL.
En el caso de Chile, la ciudad de Andacollo en la Región de Coquimbo, reducto minero por tradición, paradójicamente registra conflictos de larga data con este sector productivo. Ya en 1997, la comunidad de Chepiquilla, próxima a Andacollo, iniciaba el largo peregrinaje por la ruta que implica, para muchas localidades, su coexistencia con proyectos mineros de gran escala. Con los años, ese peregrinaje fue mutando en términos de personas, motivaciones y la complejidad del entramado social y sus demandas, dando vida a una actual “Comunidad Andacollina Organizada”.
La comunidad andacollina ha estado construyendo, de este modo, un nuevo relato respecto de su vinculación con la gran minería, y junto con poner en jaque a una de las principales empresas mineras de la zona, ha refrescado nuevamente el debate respecto del denominado royalty minero. En otras palabras, la comunidad ya no está dispuesta a seguir siendo “zona de sacrificio” destinada a recibir, tal como lo indicara Manuel Farías, gerente de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck Carmen de Andacollo, un retorno “mínimo”.
¿Cómo puede explicarse este nuevo escenario? En parte, y consistente con el discurso político del último tiempo, la relación comunidad-minería en Andacollo no ha estado ajena a lo que algunos, como el ex Presidente Lagos, han venido a denominar “el efecto de fin de ciclo”. Esto es, el cambio de cómo se venía construyendo Chile desde los noventa, bajo un enfoque centrado en la reducción de la pobreza, a una nueva fase redistributiva y de un marcado empoderamiento de los sectores medios.
La industria minera, entonces, ha vivenciado los impactos de un verdadero tren de olas socioambiental que, cual tsunami, ha devenido en un cambio significativo del paisaje socio-institucional pre-existente. Ejemplo de ello es el anunciado retiro del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto el Morro, por parte de la compañía GoldCorp, en la nortina provincia de Huasco, que llevó a la empresa, junto con asumir pérdidas millonarias, a internalizar un cambio notorio en su discurso, señalando que esto los lleva a “establecer un vínculo con las comunidades aledañas al proyecto con mayor solidez”.
Todo evidencia, entonces, que la gran minería en Andacollo no estará ajena, en el futuro próximo, a este discurso de nuevo ciclo y las implicancias que esto tiene en la gestión de sus proyectos, tanto en las fases más tempranas de su ciclo de vida, así como aquellos que ya se encuentran en operación en entornos sociales cada vez más complejos, desde lo local a lo nacional pasando por el rol que tendrá en esto el Estado y su disposición a cambiar las denominadas “reglas del juego”.
Para Andacollo, no es fácil pronosticar como terminará el conflicto Gran Minería-Comunidad en este fin de ciclo. Si hay algo que caracteriza a cualquier sistema en transición y altamente complejo, como son los sistemas sociales, es su mínima predictibilidad en el mediano-largo plazo y su alta dependientes de acontecimientos particulares.
El caso del proyecto el Morro y los vaivenes de la relación Teck Carmen de Andacollo-Comunidad, entre otros, son una constatación casi irrefutable de que la idea de un “nuevo pacto” minería-comunidad será mucho más que retórica socioambiental.
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