Por Verónica Pozo, gerente de Operaciones de Chile Registros.
No es una novedad que nuestro país se ha convertido en un epicentro atractivo para varias compañías mineras tanto nacionales como extranjeras, para iniciar proyectos de inversión. Sin embargo, este interés se ha visto afectado en los últimos años por diversos factores, que han derivado incluso en la paralización de varios proyectos, principalmente mineros y de generación eléctrica.
Si bien gran parte de estas paralizaciones se han debido a cuestiones económicas, otras han sido motivadas por conflictos territoriales que han surgido en las comunidades contra algunas de estas iniciativas. Esta oposición ha surgido especialmente al considerar que estos proyectos alterarían o perjudicarían el normal desarrollo de sus propias actividades económicas, pero también el factor medioambiental ha sido una de las principales razones por las cuales se ha generado una fuerte oposición a la instalación de estos “nuevos vecinos”.
Estas situaciones han dejado de manifiesto la importancia de desarrollar una estrategia de gestión territorial, la que debe ir acompañada de instancias de diálogo y participación de las comunidades, sobre todo, en el escenario actual.
Estos conflictos que han generado la incerteza en las inversiones han evidenciado la falta de análisis en la etapa de prefactibilidad, donde ha quedado pendiente la evaluación del territorio. Es determinante que se estudie si la zona en la cual se instalará la inversión cuenta con las garantías suficientes para que se logre desarrollar sin inconvenientes y que se le puedan conceder las respectivas autorizaciones legales para el uso de suelo.
Nuestro país posee una geografía diversa y eso mismo nos limita sobremanera, pues el territorio para explotar se vuelve escaso. Estos espacios se han ido reduciendo aún más con el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de otras actividades productivas, por eso resulta clave que exista diálogo que permita alcanzar acuerdos que impliquen una convivencia armónica entre las partes.
Ya son parte del pasado aquellas prácticas tan frecuentes en la minería o de otros sectores industriales de llegar e instalarse en cualquier territorio; sin medir ni minimizar impactos, ni considerar a las comunidades arraigadas en el lugar. Hoy esa práctica es casi imposible, considerando el empoderamiento que han alcanzado las comunidades y por las estrictas regulaciones que se han ido aplicando en los servicios fiscalizadores. Asumiendo esto, es trascendental realizar una estrategia de gestión territorial desde una etapa temprana y, a partir de ella, elaborar un exhaustivo análisis del territorio, donde se interprete la realidad, detectar problemas, oportunidades y condicionantes. Y considerando siempre el diálogo entre las partes, para lograr acuerdos que satisfagan las necesidades de ambas.
Cuando las empresas hablan de gestión territorial se refieren más bien a temas internos y no velan por tener una mirada más amplia y sistemática, que permita prever situaciones que podrían derivar en conflictos para sus aspiraciones. Los proyectos están ideados y pensados con la mejor intención, ya no vivimos en una época en donde una minera se instalaba cumpliendo con mínimas normas; hoy existen regulaciones en todo ámbito que se deben cumplir a cabalidad y, por sobre todo, es preciso sociabilizar el proyecto, pues no hacerlo podría sepultarlo con todo lo que implica, lo que debiese abordarse claramente como una política pública.
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