Como resultado del anuncio realizado por el Gobierno Británico durante la Cumbre Rio +20, el Ministerio de Medio Ambiente de este país acaba de dar a conocer una guía para que las empresas puedan elaborar sus informes medioambientales. El documento se encuentra en fase de consulta pública hasta el próximo 17 de octubre con el fin de conocer cuáles son las opiniones de los distintos grupos de interés.
El gobierno de David Cameron considera que con esta propuesta se ayuda a las empresas para que conozcan lo que pueden hacer para poner a salvo su modelo de negocio, además de incrementar el interés por parte de los inversores respecto a todos los aspectos relacionados con la información medioambiental que sean relevantes para tomar decisiones de compra o venta de posiciones en determinadas compañías.
La nueva guía esta estructura en cinco grandes capítulos: polución y otras emisiones; agua; biodiversidad y ecosistemas; materiales; y consumos.
Cada uno de ellos trata de ayudar en la medición e informe de los impactos medioambientales a través de la comprensión de cuáles son los principales indicadores de las organizaciones, identificación de los mayores impactos medioambientales, y comunicación de los mismos a los distintos grupos de interés.
Sobre los indicadores se señala que deben ser cuantitativos, relevantes, comparables y transparentes. En este sentido el documento identifica una serie de ellos para cada uno de los capítulos anteriormente citados.
El titular del departamento, Taylor of Holbeach, también ha anunciado más detalles sobre el nuevo reglamento por el que se requerirá a todas las empresas cotizadas que informen sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, y que será efectivo a partir de abril de 2013.
Por su parte, el Carbon Disclosure Project (CDP) celebra este primer paso, pero hará recomendaciones con el fin de asegurarse de que la nueva regulación tenga en consideración las necesidades de los mercados a largo plazo y que no se vea como una carga para las empresas.
Este primer documento, que se hace bajo la Ley de Sociedades Anónimas, se centra principalmente en la obtención de información para que pueda ser usada por los inversores.
CDP señala además que debe corregirse el hecho de que el documento no cuente con un enfoque sobre la normalización de la información que debe ser utilizada para el cumplimiento de la normativa.