Este es un informe realizado por la Plataforma Climática Latinoamericana que concluye que Chile debe generar una política de estado explícita y contundente en materia de cambio climático, que otorgue certeza jurídica y seguridad política a las acciones de largo plazo, para blindar las aspiraciones del país de convertirse en un actor relevante en el mercado agroalimentario y forestal internacional, con competitividad socioambiental; que garantice el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y que permita enfrentar las amenazas, desafíos y oportunidades que surgen del cambio climático, con flexibilidad y visión de futuro.
El estudio explica que Chile la institucionalidad ambiental tiene escasa incidencia en la gestión pública para hacer frente al Cambio Climático. Si bien el país cuenta con un Ministerio de Medio Ambiente, éste se limita a “integrar la problemática asociada” en las políticas públicas del país y a “coordinar el desarrollo de una respuesta nacional” desde el sector público. La cartera de Estado posee una Oficina de Cambio Climático, que no obstante carece de las atribuciones, los recursos, la dotación y la presencia territorial necesarios para una mayor incidencia.