A casi un mes de que comenzó a implementarse la Ley de Inclusión Laboral, PROhumanaRED realizó un nuevo conversatorio en torno a esta materia, con el objetivo de profundizar en especificaciones y resolver las dudas que aún quedan por parte de las empresas. Esta vez, el Encuentro fue encabezado por el Director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, quien, desde su expertis como líder de la Dirección del Trabajo, mostró las diferentes arista que tiene la Ley y que las empresas deben cumplir, con el objetivo de hacer un país más diverso.
“Las empresas son mejores empresas y les va mejor cuando son diversas”, señaló el Director del Trabajo, explicando la relevancia de eta Ley para el país. Agregó que “el legislador, la sociedad y ustedes (las empresas), no queremos un proyecto alternativo, queremos ser parte de esta ley”.
La jornada contó con la participación de representantes de empresas de PROhumanaRED y otras invitadas, como Jumbo y Santa Isabel; Paris; Nexus; Sodexo; Clásica; Crosscheck; Empresas SB; Engie; Bice; Sura; Santander; Manpower; Melón; Cristalerías Chile; L’Oréal Chile; Cap Minería; CGE, entre otras.
Ley N°21.015
La ley entró en vigencia el 1 de abril de 2018, y será evaluada al tercer año para medir el real impacto de la cuota en el empleo para personas con discapacidad y la eventual mantención o aumento del 1%.
Posteriormente, será obligación permanente de los ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social evaluar la ley cada 4 años, considerando la naturaleza cambiante del mercado laboral, y la necesidad de ir adecuando el sistema de inclusión. Ambos ministerios deberán emitir un informe al Congreso para evaluar si el porcentaje se mantiene o se eleva, o si cambia el tamaño de las empresas que deben acogerse a la norma.
La normativa suprime la discriminación salarial que existía respecto de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad mental, derogando el artículo 16 de la Ley N° 18.600 que establecía una remuneración inferior al sueldo mínimo.
Actualmente, en el sector privado hay más de 7.600 empresas que tienen 100 o más trabajadores. Se podrán habilitar más de 25.000 cupos laborales para personas con discapacidad. En el sector público hay 158 instituciones (sin contemplar municipalidades ni personal administrativo de Fuerzas Armadas), las cuales deberían habilitar alrededor de 2.500 cupos laborales para personas con discapacidad.
De acuerdo al Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de las personas de 18 años o más del país está en situación de discapacidad; es decir, más de dos millones seiscientas mil personas. Sólo el 39,3% tiene empleo.