De los 19 países que componen Iberoamérica, solamente Chile y Uruguay no cuentan con una protección constitucional de los derechos de los consumidores. Así lo muestra el Atlas Iberoamericano de Protección al Consumidor, documento elaborado por el Ministerio de Justicia de Brasil y que fue presentado recientemente en la Universidad de Chile.
Los países analizados fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Los primeros en establecer una protección del consumidor en la Constitución fueron Portugal (1976), España (1978) y El Salvador (1983). Entre los que implementaron el tema más recientemente en su Carta Magna están México (2011), República Dominicana (2010) y Bolivia (2008), quienes agregaron dicha materia en reformas constitucionales de los últimos años.
En el caso de Chile, los derechos de los consumidores están regulados solo a nivel de leyes, decretos y resoluciones de órganos administrativos.
El estudio también muestra que todos los países de Iberoamérica tienen una ley específica de defensa de los consumidores con la excepción de Bolivia, donde esta materia está regulada por un decreto.
En Chile, la Ley 19.496 es la normativa que regula esta materia y fue promulgada en febrero de 1997. En Uruguay, la Ley 17.250 fue aprobada en el año 2000. Otros países, como Brasil, tienen esta normativa vigente desde 1990.
Sanciones penales
La defensa y protección de los consumidores ha ganado protagonismo en la discusión política en los últimos meses. Una de las críticas está en las limitaciones del Sernac en Chile para aplicar sanciones más severas. Pero esta situación no es exclusiva de nuestro país. De hecho, de las 19 economías del sondeo, solo Brasil y Panamá tienen organismos que pueden establecer acciones penales. En el caso de Brasil, las penas pueden llegar a dos años de prisión y en Panamá hasta ocho años.
Pese a que no todas las entidades pueden cursar las señaladas medidas, el documento da cuenta de que todos los países establecen algún tipo de sanción administrativa que, por lo general, se traducen en multas, prohibición de la comercialización de productos o clausura del establecimiento. Las penalidades que alcanzan los valores más altos están en Perú (US$ 610 mil) y Colombia (US$ 629 mil), y el menor monto se encuentra en Nicaragua (US$ 603).
12 países de Iberoamérica regulan confidencialidad de datos personales
En materia de protección de datos personales, la mayoría de los países de Iberoamérica han avanzado y actualmente son doce los que tienen alguna normativa o regulación específica para proteger la información de las personas.
En diez de estos países, la confidencialidad de dicha información está resguardada por agencias u organismos específicos para esta finalidad. Apenas en Colombia y El Salvador esto se ampara bajo la misma entidad que funciona para la defensa del consumidor.
Entre los que todavía no cuentan con dicha regulación están Chile, Brasil, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y Guatemala.
En Chile existe un proyecto en el Congreso para regular esta materia hace un año y medio, pero aún sigue en primer trámite en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía ha propuesto que la institución responsable por resguardar la información sea el Sernac de manera provisoria por cuatro años.
VÍA/SUSTENTARE