Hace muchos años que se sabe que el calentamiento global cambiará radicalmente el mapa de disponibilidad al agua. Se reducirán las lluvias, aumentará la temperatura y se derretirán los glaciares. Las próximas décadas se prevé que tendremos que adaptar nuestra vida cotidiana y nuestras actividades económicas a un escenario de estress hídrico. La Región Metropolitana cambiará de clima y se irá desertificando poco a poco. Fundación Avina, miembro de PROhumanaRED habló con Sara Larraín y, según ella, a pesar de todo esto, los chilenos no estamos haciendo nada para enfrentar la situación.
El cambio climático en nuestro planeta representará, para la zona central de Chile, una disminución de al menos un veinte por ciento en las precipitaciones y un aumento de dos grados en la temperatura. Esto significa que, de aquí a 50 años más, Santiago tendrá el clima que hoy tiene La Serena y el territorio sufrirá un proceso de desertificación progresivo.
Por otra parte, el calentamiento global implicará también que, dentro de diez años más, los glaciares de la zona norte y centro acelerarán su derretimiento, disminuyendo las reservas de agua dulce con las que cuenta la ciudad de Santiago.
Comenzarán, por lo tanto, las restricciones de agua en la Capital, tal como las que se están viviendo en las regiones del norte de nuestro país.
Es por esto, según explica la Directora Ejecutiva del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, que “cualquier planificación del agua potable en Santiago y de la agricultura en el Valle del Maipo significa pensar hacia el futuro con mayor eficiencia, mayor conciencia y, también, más descentralización”.
Sin embargo, Sara Larraín afirma que hasta ahora “en Chile no se ha hecho nada para adaptarse al cambio climático”. Según la experta, estamos “en un punto de no retorno si es que las cosas siguen sin enfrentarse”.
El Derecho Humano al Agua Potable
En Chile, la gestión de los recursos hídricos, al igual que cualquier otro recurso natural, se realiza, como explica Sara Larraín, “para actividades competitivas que generan mayor crecimiento económico”. Hasta el día de hoy, lo ideal para el Estado ha sido entregar el máximo de derechos de agua para que haya actividades mineras, eléctricas e industriales en cada una de las cuencas.
Según Sara Larraín, se siguen entregando estos recursos y, por lo tanto, la gestión de la cuenca se realiza en base a las presiones de los sectores más competitivos de la economía. Eso, explica la experta, “tiene como víctima a las comunidades locales que, muchas veces, pierden sus recursos porque se secan las norias, se sobrexplota el agua de las napas subterráneas, estas no se recuperan y cada vez hay que sacar agua a mayor profundidad, lo que ha ido generando un proceso de degradación de las cuencas y un proceso de degradación de la posibilidad de las economías locales de adaptarse a situaciones más estresantes, con menos agua”.
El principal resultado es que hoy Chile ha debido recurrir a camiones aljibes en 13 de las 15 regiones del país, alimentando principalmente poblaciones rurales. Esto, según la experta, “atenta contra el derecho humano al agua pues es como vivir en una emergencia permanente”.
Lo que se está produciendo en las regiones del norte de Chile es un proceso de migración masiva de la población rural a los centros urbanos pues cuando existe restricción de los recursos hídricos “todo lo demás desaparece”, sostiene Larraín.
Esto acarrea una serie de problemas de seguridad y riesgos: inseguridad en términos de salud, en términos de alimentación, inseguridad social en el sentido de que la gente se acumula en los centros urbanos para poder tener acceso al agua y, por último, también puede generar inseguridad nacional porque se empieza a despoblar el territorio.
En este marco, se realizará en septiembre próximo en Chile el VI Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua que reunirá a gestores comunitarios de 15 países del continente que, entre otros objetivos, esperan dar mayor visibilidad a estas problemáticas comunes en muchos de los países.
Una luz de esperanza
Es tan grave la crisis hídrica que está viviendo nuestro país que, a pesar de las presiones de los grupos económicos, se logró que el actual gobierno patrocinara un proyecto de ley de reforma al Código de Aguas de 1981. Con esta reforma se establecerá la priorización en la entrega de los recursos hídricos: primero el agua potable de saneamiento, después las actividades de subsistencia, tercero la protección de los ecosistemas y, por último, las actividades con fines de lucro.
Para Sara Larraín, con este proyecto “hay un cambio de énfasis porque se ponen criterios de interés público por sobre los criterios de lucro o de competitividad, que es lo que hoy día rige en el Código de Aguas”.
Por otra parte, los derechos de agua que se entreguen a futuro no serán perpetuos, como lo son hoy, sino que serán concesiones temporales que da el Estado con criterios de prioridades de uso con un énfasis en el interés público.
Estas reformas, según Sara Larraín, podrían ser aprobadas próximamente en la Cámara de Diputados y tramitarse en el Senado a comienzos del 2016.
VIA/COMUNICADO