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INVERSIÓN SOCIAL: ALGO MÁS QUE UN CONCEPTO, ALGO MÁS QUE LA RESPONSABILIDAD DE UN SÓLO SECTOR
Fuente: Soledad Teixidó, directora ejecutiva Fundación PROhumana
Reinalina Chavarri, subdirectora ejecutiva Fundación PROhumana
Revista filantropía y Responsabilidad Social En Chile, Nº6, junio, 2001

La idea generalizada de que la inversión social es una herramienta que utiliza sólo el Estado para llevar a cabo sus políticas públicas y sociales en diferentes ámbitos quedó en el pasado. En forma más precisa, la inversión social es el instrumento a través del cual los entes del Estado destinan recursos, provenientes de la recaudación de impuestos efectuada a las empresas y personas, al ámbito de la educación, salud, vivienda y obras públicas, entre otros sectores.

Sin embargo, los cambios ocurridos en los últimos años respecto a la redefinición del rol que desempeñan los actores privados en materias sociales, se han extendido también al Estado, quien ha debido aceptar que el bien común puede ser alcanzado mediante una multiplicidad de formas donde pueden participar otros agentes de la sociedad, tales como las empresas, los individuos y las organizaciones sin fines de lucro. Así, la inversión social es una acción que se construye desde otros sectores que trascienden al Estado.

En efecto, una manera de comprender el concepto es considerarlo como una herramienta que permite operacionalizar la Responsabilidad Social que tiene actualmente el Estado y  también las personas y las empresas. Por cierto, los actores de la inversión social son los individuos, las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

Entendemos así por inversión social aquel tipo de herramienta o estrategia que está dirigida a la sociedad y que abarca una amplia gama de áreas, es decir, aquella que va más allá de lo estrictamente económico. Se trata de una inversión socialmente responsable.

Desde las empresas, la inversión social es un instrumento en el que se aplican valores hacia la comunidad, mientras que desde las personas y desde las instituciones sin fines de lucro, es aquel tipo de herramienta que tiene por finalidad, no sólo proveer un mayor bienestar a sus beneficiarios, sino también dotarlos de capacidades que incrementen su capital social. En conclusión, es aquella inversión que considera variables de  rentabilidad que  van más allá de las utilidades económicas, es aquella que toma en cuenta aspectos sociales y de desarrollo humano en sus resultados.

Si aceptamos la premisa anterior, podemos observar que tanto para la inversión social que realiza la empresa como para aquella que realizan las instituciones no lucrativas, existe un denominador común: A corto y mediano plazo no reportará solamente un retorno económico, sino también social. Entonces, la inversión es a largo plazo y, a diferencia de la puramente económica, es más difícil de cuantificar y tiene, en último término, un efecto multiplicador en la sociedad sustentable.

Desde una perspectiva de Responsabilidad Social, el argumento anterior implica que todo el proceso de formulación y toma de decisiones debe corresponder a un determinado enfoque de administración, donde el manejo de las inversiones debe estar basado en la consideración de aspectos éticos, sociales o ambientales.

Un estudio efectuado por la Organización de Inversión Social (SIO), con sede en Canadá, establece que la inversión social, desde una perspectiva de responsabilidad, debe considerar al menos tres componentes:

El primero de ellos tiene relación con el monitoreo. Si éste arroja resultados negativos, significa que no se aplican criterios sociales y ambientales durante todo el proceso de inversión, que se excluyen estos componentes y que el accionar está dirigido hacia puntos de vista que promueven, por ejemplo, el trabajo infantil, la fabricación de armamento o el tráfico de drogas. Normalmente las compañías que incurren en actividades de este tipo prescinden de criterios de inversión social y, por ende, del monitoreo a sus portafolios.

Si el monitoreo resulta positivo, quiere decir que se trata de empresas que utilizan la inversión social como una herramienta que contribuye a la sustentabilidad ambiental,  económica y social, o bien de compañías que estimulan, a través de su inversión, buenas prácticas y relaciones laborales, contactos con comunidades indígenas vecinas y protección de especies, entre otras cosas. En este caso, según la SIO, si las empresas implementan sistemas de monitoreo a todo el proceso de inversión, incluido su portafolio, ello permitirá, en último término, proyectar a la compañía en la sociedad como una entidad que realiza efectivamente inversión social.

Según el mismo estudio, otro componente de la inversión social es aquélla que se realiza en la comunidad. Ésta se efectúa, principalmente, a través de los dineros que la empresa destina y que adoptan las siguientes modalidades: Préstamos para microempresarios, inversión en capital de riesgo dirigido al desarrollo comunitario y préstamos para entidades sin fines de lucro o apoyo para el desarrollo de cooperativas. En definitiva, es una inversión debidamente focalizada  y con una base local importante.

La tercera modalidad propuesta es aquella expresada a través del  papel que desempeñan los accionistas. Efectivamente, existen accionistas que influyen en las conductas sociales y ambientales que adoptan las empresas en las cuales han decidido invertir. Las campañas de advocacy de dichas personas pueden llegar a lograr la aprobación de políticas o resoluciones específicas y, en último término, pueden desincentivar una inversión si ésta no cumple determinadas condiciones en materias sociales o ambientales. Sin embargo, en Canadá, esta modalidad ha sido poco utilizada debido a la existencia de barreras legales propuestas por gremios empresariales que intentan inhibir la formulación de este tipo de iniciativas.

Entonces, la pregunta necesaria es: ¿Qué ocurre hoy en Chile en materia de inversión social? Pareciera que hoy contamos con actores que la llevan a cabo y que van más allá del Estado. Por un lado, tenemos  una empresa nacional que comienza a desarrollar programas de Responsabilidad Social, con áreas fuertemente orientadas al impacto social, tanto en el área educacional como cultural, por mencionar algunas. También se observa un gran incremento de organizaciones de la sociedad civil. Es posible comprobar, por ejemplo, que en el ámbito de las fundaciones, desde 1990 hasta octubre del 2000, se crearon 457 de un total de 971 fundaciones reconocidas por el ministerio de justicia desde el año 1892. Todas estas organizaciones persiguen tanto el bien común como la implementación de distintas acciones que desarrollan la inversión social. Por otro lado, contamos con un poder legislativo y ejecutivo que, con diferentes acciones, han ido aceptando su rol de facilitador en el sentido de impulsar a otros organismos a hacer inversión social, ejemplo de esto son los incentivos tributarios que permiten las donaciones desde la empresa a áreas que requieren inversión y tienen un impacto a largo plazo. En este sentido el Estado le permite a otros tomar la tarea de solucionar las necesidades sociales y de administrar los recursos que se recaudan vía pago de impuestos.

Describir en detalles lo construido en el ámbito de la inversión social en Chile sería demasiado extenso, sin embargo, y por otra parte, aún queda por desarrollar en el país un sinnúmero de acciones que podrían fortalecer el desarrollo de este instrumento desde los distintos sectores. Un ejemplo es la necesidad de incrementar el número de programas de Responsabilidad Social Empresarial que respondan a una política de inversión social y  no busquen el lavado de imagen de la empresa. Otro ejemplo podría ser el desarrollo de evaluaciones y mediciones de impacto de los distintos programas de desarrollo social.

En la actualidad existe, en efecto, una crítica desde los distintos sectores en relación con los programas que se implementan desde el gobierno, ya que se observa que estos, en numerosas ocasiones, no responden a una necesidad real de la ciudadanía. Además, este tipo de programas se concentra, en algunas oportunidades, en un determinado número de áreas de necesidad social.

Por último, existe la necesidad de estructurar un poder legislativo que asuma realmente un rol más activo y vinculado a la promoción de la inversión social, y representantes que recuperen los vínculos con la ciudadanía y cumplan su rol de legisladores.

En conclusión, el desarrollo de la inversión social, en sectores que tradicionalmente no la han llevado a cabo, abre una nueva forma de relación y de fortalecimiento de las sociedades, si establecemos el deseo generalizado de consolidar comunidades sustentables y humanas. El concepto de inversión deberá, por lo tanto, cambiar y ser compartido por todos los actores de nuestra sociedad.

En definitiva, la Responsabilidad Social es de todos, y debe ser implementada por cada persona, sea representante de la empresa, la sociedad civil o el Estado.


 
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